LA HISTORIA:
En 1907, Antonio Maura, político liberal conservador, fue nombrado presidente de gobierno. Partidario de emprender una revolución desde arriba, desde el poder, sin modificar la estructura social y la distribución de la propiedad existente, quiso introducir cambios significativos en la vida del país, sanear el proceso electoral e introducir mejoras sociales con el objetivo de evitar el desarrollo de una posible revolución desde abajo.
Muchas de sus propuestas no se llegaron a aprobar por la oposición de los grupos dominantes, y otras no pasaron de buenas intenciones. Entre ellas destaca:
La Ley de reforma electoral de 1907, que pretendía lograr una mayor efectividad del sistema sin tener que recurrir a métodos fraudulentos, pero logró el efecto contrario por la aplicación del artículo 29 que establecía que, cuando en una circunscripción no se presentasen más candidatos que el número de puestos a cubrir, automáticamente los candidatos quedaban proclamados diputados sin necesidad de someterse a consulta electoral. Quedaban así privados de votos los electores de estos distritos (así, por ejemplo, en aplicación de ese polémico artículo, en las elecciones de 1910, los 90.000 electores de Orense no pudieron ejercer el derecho de voto).
HOY:
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General aprobada el pasado enero por el PP, el PSOE, PNV y CIU dice:
"Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretenden su elección".
