miércoles, 26 de enero de 2011

LA REFORMA DE LAS PENSIONES ES ANTI - SOCIALISTA


En Galicia la pensión media es de 728 euros pero muchos pensionistas están en el tramo más bajo porque han cotizado a los Regímenes Agrario y del Mar. Las medidas que pretende aprobar el gobierno de ampliar los años de cálculo y la edad de jubilación podrán reducir hasta un 25% la pensión en los próximos años. ¿Qué diría el pueblo si le preguntase en referéndum este tema? ¿Por qué no se deja expresar al pueblo su opinión? ¿Se puede reformar las pensiones de los demás y no tocar las suyas?

Desde el Partido SAIn (Solidaridad y Autogestión Internacionalista) EXIGIMOS que se deje de mentir a los españoles y que los Diputados y cargos electos tengan vergüenza y que su pensión sea la de los españoles y NI UN CÉNTIMO MÁS!

miércoles, 5 de enero de 2011

Galicia en el embudo autonómico del Gobierno socialista

La célebre metáfora evangélica de Marcos («Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que lo haga un rico en el reino de los cielos», 10: 23-27) podría tener su correlato en la política autonómica del Gobierno socialista: es más fácil que un Estatuto de autonomía confederal entre por las tragaderas del Gobierno que lo haga una ley del todo inocua para la cohesión territorial, si esta procede de una comunidad autónoma no afín.

La decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley sobre racionalización del gasto farmacéutico, recientemente aprobada por el Parlamento de Galicia con los únicos votos en contra de los diputados socialistas, muestra de un modo palpable tan sectaria forma de actuar, que deja entrar al camello y no a la pulga con tal de que el primero lo monte «uno de los nuestros».

¿Es inconstitucional la ley citada? Me parece harto dudoso, pues la fijación de un catálogo priorizado de productos farmacéuticos se ha realizado sin modificar el nomenclátor oficial de productos financiados por la Seguridad Social, y tan solo limitándose a incluir en el catálogo gallego los medicamentos de menor precio que figuran en el nomenclátor estatal.

Así las cosas, los gallegos tendremos a nuestra disposición los mismos principios activos que los restantes españoles y los facultativos tendrán la posibilidad de elegir de entre las marcas que, dentro de cada grupo, resulten más baratas, lo que, salvo quizá para las multinacionales farmacéuticas, no puede tener más que efectos positivos: en Galicia dispondremos de iguales condiciones sanitarias, pero nos ahorraremos un buen dinero, lo que contribuirá a impedir que el sistema acabe haciendo crac.

Todo ello parece no importarle, sin embargo, al Gobierno central, que ha decidido que el recurso de inconstitucionalidad debe utilizarse, como palo y caramelo, para castigar a los adversarios y premiar a los amigos. Lo hizo ya con la ley de cajas, con el bochornoso resultado final que está bien a la vista. Y ha vuelto a hacerlo ahora con una ley que, de predominar el sentido común, aprobaría el propio Estado, quien no parece estar dispuesto a lesionar a las multinacionales farmacéuticas pero sí, sin que le tiemble el pulso, a congelar las pensiones o suprimir la ayuda extraordinaria de 426 euros que disfrutaban quienes no tenían otra cosa. Si esto es la izquierda, ¡vaya izquierda!

Capítulo aparte merece el comportamiento de la dirección socialista gallega, que, repitiendo lo que ya hiciera con la fusión de nuestras cajas, ha preferido ser de nuevo el caballo de Troya del Gobierno de Madrid y no el sensato representante de los intereses de Galicia, que son además, en este caso, los de España en su conjunto.

(Artículo de opinión de Roberto Blanco aparecido el 5 de Enero en el periódico La Voz de Galicia)