Entre las medidas tomadas por el Gobierno del PSOE en los últimos meses hay dos especialmente representativas del modelo económico que se está implantando en España, y de las consecuencias que este modelo va a tener para la sociedad española: la decisión de ejecutar las grandes infraestructuras en régimen de concesión a grandes grupos constructores, y la privatización de las Cajas de Ahorro mediante la elevación del coeficiente de capital requerido para acceder a fondos públicos.
Ambas medidas suponen entregar al control de los grandes conglomerados financieros servicios públicos de primera necesidad, en los que aquéllos harán lo que consideren necesario para obtener una gran rentabilidad, de la misma manera que ocurrió con Telefónica o Repsol tras su venta por el Gobierno del PP, o con la Autopista del Atlántico como ejemplo que seguimos pagando en Galicia.
Una vez el ahorro de las Cajas y las infraestructuras pasen a manos de los grandes grupos, inevitablemente sus directivos empezarán una lucha contra la sociedad para:
· aumentar los ingresos: subida de intereses y comisiones bancarias, incremento de peajes, cobro de nuevas cantidades por servicios u obras que no están perfectamente definidos en los contratos, o en los que surja cualquier modificación...
· reducir los gastos: eliminación de servicios y sucursales menos rentables, disminución del número de personal, descenso de salarios, subcontratación, reducción de la calidad o la seguridad…
Estas medidas las tomarán los directivos de los grandes grupos porque en eso consiste su trabajo para maximizar la rentabilidad de la inversión, no en preocuparse por las personas que necesitan los servicios, independientemente de la conciencia o buena voluntad que aquéllos puedan tener.
No caben los falsos argumentos de “la elección del consumidor” en necesidades de primera mano como trasladarse de ciudad, ir a un hospital o solicitar un préstamo para una vivienda
o a “la libre competencia” cuando hablamos de inversiones de miles de millones de euros que sólo poseen enormes inversores.
Estamos hablando de que todos nosotros, el 99% de los gallegos, vamos a pagar más, a encontrar menos empleos o a quedarnos sin acceso a necesidades básicas cuando no podamos pagar sin que nadie nos consulte ni lo más mínimo.
Estamos hablando de la decisión política, no económica, de privar a los gallegos de unas entidades que se crearon para combatir la usura, facilitar el crédito y realizar obras benéficas porque el capitalismo no lo hacía; de unas infraestructuras que son una de las razones de ser del Estado desde el principio de la Historia.
Si actualmente el poder de grandes Bancos y constructoras es enorme en este país, con una clara situación de monopolio, con unos partidos políticos a los que financian y un Gobierno al que dan apoyo y puestos millonarios a sus líderes a cambio de sumisión, entregarles las Cajas de Ahorro y las infraestructuras aumentará claramente su inmenso poder, incluso para seguir legislando desde los departamentos jurídicos de dichos grupos.
Además, al pasar a ser negocios privados en manos de capital privado, podrán ser vendidos a grupos financieros extranjeros todavía más poderosos, totalmente o troceados en acciones, o utilizarse especulativamente como se ha hecho con las hipotecas de viviendas o los stocks de alimentos. Todo esto lleva décadas haciéndose y hay ríos de tinta en las hemerotecas en los últimos 3 años con ejemplos y explicaciones de lo que aquí se comenta.
